La agrupación de demócratas hispanos del Congreso de Estados Unidos expresó su rechazo a la nueva medida migratoria impulsada por la Administración del presidente Donald Trump relacionada con los procesos de residencia permanente.

La política establece que los migrantes con visas temporales deberán salir de territorio estadounidense y realizar los trámites de residencia desde consulados ubicados en sus países de origen.

El presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat, calificó la disposición como un nuevo golpe contra inmigrantes y familias que buscan regularizar su situación migratoria de manera legal.

“Esta nueva política hará más difícil que las personas elegibles que ya viven, trabajan y aportan a las comunidades puedan obtener una residencia permanente”, expresó Espaillat.


El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó que las personas con visas temporales, incluyendo las de trabajo, estudios y turismo, deberán regresar a sus países para solicitar la residencia permanente o “green card”.

Según USCIS, la medida responde a disposiciones ya contempladas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, aunque administraciones anteriores no aplicaban esa interpretación de forma estricta.

Entre las visas afectadas figuran las categorías B-1 y B-2 para turismo y negocios, F-1 y M-1 para estudiantes, así como distintos permisos laborales temporales como H-1B, H-2A y H-2B.

Hasta ahora, muchas personas con visas temporales podían solicitar un cambio de estatus migratorio dentro de Estados Unidos cuando calificaban para obtener residencia permanente por matrimonio, empleo o reunificación familiar.

Durante ese proceso, que en algunos casos puede extenderse durante años, los solicitantes renovaban sus permisos migratorios mientras permanecían en territorio estadounidense.

Con la nueva política, la Administración Trump busca que esos trámites se completen desde consulados estadounidenses en el extranjero, salvo en circunstancias excepcionales que todavía no han sido detalladas oficialmente.

Legisladores demócratas advirtieron que la medida podría afectar a estudiantes, investigadores, trabajadores especializados y familiares de ciudadanos estadounidenses que actualmente residen legalmente en el país.

También señalaron que la política podría generar incertidumbre para personas que trabajan, estudian y mantienen vínculos familiares en Estados Unidos mientras esperan la aprobación de sus procesos migratorios.