Desde hace años observo el trabajo de jueces, fiscales y servidores judiciales y administrativos de todo el país. Lo digo con conocimiento de causa: la justicia en nuestra República Dominicana funciona porque hay hombres y mujeres que, con salarios insuficientes, sostienen el sistema de justicia con integridad, entrega y ahínco.

He visto de cerca el esfuerzo del personal administrativo y del despacho penal, como no mencionar, que formo parte de ella. Merecen mención especial, todo el personal en las áreas administrativas. En cada personal hay eficiencia, empatía, discreción y un compromiso institucional que sostiene el día a día de cada instancia o tribunal.

Tampoco se puede hablar de justicia sin mencionar a auxiliares abogados, digitadores, técnicos, mensajeros, choferes y alguaciles. Ellos son el motor que hace posible que un expediente o proceso avance, todo entienden que formamos parte de instituciones de servicios.

Conozco a muchos desde hace más de 05 años o más. Vienen de familias humildes y han construido una trayectoria intachable. Por eso me pregunto: si sobre sus hombros descansa la mayor carga de trabajo y responsabilidad, ¿por qué no merecen también un aumento salarial? El costo de la vida sube para todos. Ellos no son la excepción, incluyendo las reivindicaciones tan anheladas por los miembros del Ministerio Público que, por décadas, el Estado le adeuda y no cumple. La mayor carga de los servidores del sistema de justicia, recae en este último. Riesgo como: trabajar a deshoras, carga laboral, expedientes gruesos en términos de pruebas e investigación, falta de integridad laboral, personal y familiar. Llenaría solo un libro para plasmar las necesidades que están a la espalda de este.

Apoyo el reclamo de los jueces del país. No son jueces con fortunas que exhibir. El pueblo que se abrogue igual, el llamado a los fiscales. Su capital es la honradez-integridad. La experiencia y la capacidad se conjugan para administrar justicia con madurez. Es una generación que ha mantenido y lidiado con los casos de corrupción más sonoro en términos de escándalos.

La situación es más crítica en el Ministerio Público. Hay ausencia de personal, sobrecarga de trabajo, no ejecución de un plan de retiro, sueldos que no alcanzan y enfermedades derivadas del estrés: diabetes, hipertensión, taquicardia. Aun así, fiscales como Dante Castillo Medina, Ángel Arias, Eugenio Corcino, Wandy Ramírez, Tomás Zayas, Edgar Ciccone, Arodis Sánchez, Franklyn Vicente, Mercedes Soriano, Elaine Santos, Stalin Polanco, Doris Disla, Lucas Vargas, Kerlin Jiménez, Armando García y el suscrito, sostenemos la reserva moral de la institución. Nunca han sido señalados por soborno, extorsión ni irregularidades.

Es injusto que quienes administran justicia vivan con tantas carencias. El llamado debe ser colectivo.

No esperemos a que ocurra lo que ya pasó en un país de Centroamérica, donde jueces y fiscales abandonaron los tribunales por falta de condiciones. Un sistema judicial fuerte se construye valorando a su gente, desde el mensajero hasta el magistrado.

La justicia no puede seguir dependiendo del sacrificio personal de sus servidores. Señores presidentes de los diferentes Consejos, ustedes tienen la última palabra.